Los representantes de las organizaciones cinegéticas de la Mesa Regional en Defensa de la Caza en Castilla-La Mancha han pedido a la Administraciones que tome “medidas y acciones” para impulsar un sector social y económicamente “muy importante para Castilla-La Mancha y que es referente nacional y que fija población”.

En una comparecencia conjunta, han mostrado su preocupación y malestar “por la deriva” de los borradores de las Leyes de Caza y de Bienestar Animal que se están negociando en el Parlamento regional y que, a su juicio, perjudica al ámbito cinegético ante la cesión de la Administración autonómica “a las presiones” de los colectivos conservacionistas.

Así, han anunciado manifestaciones dentro del movimiento de la Alianza Rural, también con colectivos de la pesca y agrario, “parar el acoso y la presión” al colectivo.

Luis Fernando Villanueva, presidente de APROCA, ha sostenido que “es la hora de tomar medidas y acciones” y que las legislaciones “vayan en la misma línea” de las consideraciones políticas públicas sobre que la actividades cinegéticas son un recurso socioeconómico importante para el medio rural.

“Más que los titulares de prensa, los políticos se tienen que implicar y ver quiénes nos respaldan”, ha dicho, a la vez que ha denunciado  “el marco en el que nos encontramos” con una clara influencia de las asociaciones ecologistas “que se transforma en resultados concretos”. “Una incidencia que no podemos admitir”, ha advertido.

Según estas organizaciones, la Consejería de Agricultura “se está plegando a las demandas de Ecologistas en Acción, cuyos socios no superan el centenar, y piden respeto para un sector cinegético, cuyas entidades representan a decenas de miles de personas”.

Villanueva también ha cuestionado la Orden de métodos control de predadores para las especies de caza menor, “uno de los grandes problemas” del sector,  “en la que la Junta ha obviado el estudio científico que acaba de realizar el Ministerio de Agricultura”, así como no se vayan a publicar medidas para el control de especies como el gato asilvestrado.

Juan Caballero, presidente de Atica Castilla-La Mancha, ha reflexionado sobre el largo periodo de negociaciones de la Ley de Caza, que “más bien parece una Ley anticaza” por el articulado que se ha incluido.

En concreto, la mesa regional considera que, aunque la bas de la norma es la misma que la que hay en vigor, “los cambios impuestos por los ecologistas vienen a dificultar el desarrollo de la caza”.

“El borrador que existe tiene cuestiones que no son apropiadas y con las que no estamos de acuerdo”, ha indicado Caballero, que ha añadido que “en ningún caso la Mesa de la Caza ha alcanzado acuerdos con la Administración”.

La prohibición de calibre 22, la obligatoriedad para el desarrollo de un cuartel comercial de pasar por una Declaración de Impacto Ambiental, un régimen sancionador más gravoso, el desarrollo de los cerramientos secundarios y un régimen de control de daños en la agricultura (lo harían con permisos puntuales y por cotos) no incluido en los planes de ordenación cinegética son algunas de las demandas que este sector pone encima de la mesa para avalar este desarrollo normativo.

De la misma manera, Caballero ha hecho mención a otros artículos “maquiavélicos”, algunos de ellos “imposibles de cumplir”, como el que dice que hay que causar el menor dolor a la hora de cazar a un animal.

Con todo, la Mesa ha demandado a los dos principales grupos políticos, PP y PSOE, “la necesidad de llegar a un acuerdo y que la caza y esta ley no vuelvan a ser utilizados políticamente”, más bien todo lo contrario, “deben pensar en el desarrollo de una norma que dure muchos años y no sea modificada cada vez que hay elecciones”.

Por su parte, Agustín Rabadán Picazo, presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, ha criticado la exclusión del sector de la caza en la tramitación y redacción del borrador de la Ley de Bienestar Animal, que pone de manifiesto “el ocultismo y una clara cesión a las presiones del colectivo ecologista y una falta de respeto a los 180.000 cazadores de la región”.

Ha asegurado que el texto actual “supone un grave peligro para la caza e incluso conlleva el riesgo de desaparición de modalidades tradicionales como la caza con hurón, indispensable para el control de daños a la agricultura, la montería por las restricciones a las rehalas o la propia cetrería, además de las palomas a brazo o la codorniz”.

Así, Rabadán ha exigido al Gobierno regional que se excluya del ámbito de aplicación de la ley a los animales auxiliares del cazador, como son los perros, hurones y aves de cetrería durante la práctica cinegética, una “cuestión primordial a la que no podemos ceder”.

Igualmente, el borrador “establece prohibiciones imposible de cumplir como es el adiestramiento con la titulación específica, obligaciones ambiguas indeterminadas como la educación o socialización de los animales, o proporcionarles  condiciones para que el animal desarrolle su propia etiología”, es decir, que “pretenden humanizar y conceder derechos a los animales, que están reservados a las personas”.

También ha criticado que se endurezcan los requisitos para la tenencia de núcleos zoológicos, y se limiten las competiciones deportivas, que “afectará a la hípica  o a la cetrería”, así como ha sostenido que “va en contra de la libre actividad de la caza” la consideración como colaboradores de los agentes medioambientales a las asociaciones protectoras y de defensa.

“Es darle una potestad a los ecologistas y que se cree un cuerpo paralelo de vigilancia, de policía política y social, que va en contra de la libre a actividad cinegética”, ha subrayado.

A la rueda de prensa también han asistido Alberto de Lucas, presidente de la Federación de Galgos de Castilla-La Mancha y Javier García, de Atica Guadalajara.

 

Fuente información: Lanzadigital / Imágenes: Clara Manzano