El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia histórica para la caza. El motivo, el culebrón judicial-legislativo y cinegético en Castilla y León. Desde hace años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa comunidad mantiene en vilo a la Administración y al sector del mundo de la caza con sentencias y autos que, uno tras otro, han sido una carga de demolición para la actividad cinegética.
En apenas unos días un virus ha cambiado radicalmente nuestras vidas y nuestra actividad. Se trata de una situación no conocida y cuyas consecuencias jurídicas son también una incógnita. Nos encontramos ante escenarios y problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado antes. El Decreto 463/2020, de 14 de marzo, supuso la afectación de derechos fundamentales como la libertad de movimientos y la prohibición de hecho de actividades como la caza.
El TSJ de Castilla y León ha notificado recientemente a la Junta —en plena Navidad de 2019— una sentencia por la que vuelve a tirar por tierra otra de sus normas. Concretamente declara nula una resolución de 29 de julio de 2016 por la que se aprobó el Plan de Aprovechamiento Comarcal del Lobo al norte del río Duero durante las temporadas 2016 a 2019. La sentencia obliga a la Junta a reparar el daño que se fija en 842.751 € a razón de 91 lobos cazados en 2016 por 9.261 € el ejemplar.
Cuando se aprobó la Ley 2/2018 de Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal, el sector cinegético obtuvo el compromiso del Gobierno Regional para revisar todos aquellos aspectos que la nueva Ley, una vez hubiera comenzado su andadura, pusiese suponer controversia y que su aplicación lastrase la actividad cinegética, bien pos suponer indefensión jurídica o por perjudicar de manera fehaciente a los cazadores, gestores cinegéticos o cotos de caza.
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